La ley Sinde aboga por el cierre, mediante orden judicial, de aquellas webs que compartan o enlacen contenidos ilegales, es decir, protegidos con derechos de autor.

Desde un viaje oficial que está realizando en Tokio, la ministra ha confirmado que en esta semana se enviará el Reglamento de la ley al Consejo de Estado, tras haber incorporado ciertas puntualizaciones del Consejo General del Poder Judicial. Algunas de estas observaciones son: que los cierres de webs solo se aplicarían a aquellos que presten estos servicios con ánimo de lucro, o que haya mayores consecuencias para los reincidentes.

Sobre el canon digital, ha argumentado que no da tiempo a tramitarlo, y emplaza a que, debido a su “calado y relevancia social suficientemente importante”, se pueda abordar con más calma en la próxima legislatura.

La impopularidad de esta ley desde sus inicios, se ha puesto de manifiesto por parte de numerosos colectivos de Internet que alegan la vulneración de ciertos derechos, como el derecho a la información, la presunción de inocencia y otros; y contra de unos cierres exprés y arbitrarios.

Por si esto fuera poco, el rechazo a la misma se ha visto agravado en los últimos meses después de que salieran a la luz los escándalos financieros de la Sociedad General de Autores (y sobre todo desde su división digital SDAE), principales promotores e instigadores de esta ley.

Así, la ministra, que dejará la política tras las próximas elecciones, se ha referido al tema emplazando a una reclamada refundación de la SGAE “para generar confianza en los usuarios y asegurar la continuidad de los propios socios”.